Claudia Sheinbaum rechaza censura a TV Azteca y propone indagatoria financiera

Por Juan Pablo Ojeda

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la recomendación emitida el 25 de mayo de 2026 respecto a evitar la programación de la concesionaria de televisión abierta TV Azteca constituye una opinión personal y no un acto de censura institucional. Durante la conferencia de prensa matutina de este martes 26 de mayo en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que su administración preserva las garantías constitucionales del ejercicio periodístico y los marcos legales que regulan las telecomunicaciones en el territorio mexicano.

La controversia se originó tras las declaraciones en las que Sheinbaum sugirió a la ciudadanía no sintonizar dicha planta televisora bajo el argumento de que sus contenidos informativos contienen falsedades. La empresa, propiedad del conglomerado Grupo Salinas, respondió mediante un comunicado oficial acusando al Poder Ejecutivo Federal de instrumentar un mecanismo de presión mediática y censura desde la sede del gobierno.

El desglose presupuestal del actual ejercicio fiscal demuestra una reducción en los montos asignados a la publicidad oficial dirigidos a los grandes medios de comunicación corporativos en comparación con administraciones previas. La titular del Ejecutivo enfatizó que este ajuste en la distribución del gasto público no condiciona las líneas editoriales ni restringe el espectro radioeléctrico asignado a las empresas privadas.

Paralelamente, la mandataria planteó la viabilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) revise los expedientes históricos relativos al financiamiento utilizado para la privatización y adquisición de TV Azteca en la década de 1990. La propuesta técnica se enfoca en examinar los recursos económicos que se vincularon en su momento con Raúl Salinas de Gortari y que posteriormente fueron devueltos tras resoluciones judiciales.

El análisis de datos de las transmisiones matutinas revela que el debate sobre la relación entre el Estado y las empresas de radiodifusión ha sido una constante en la agenda pública durante el actual modelo de comunicación política. El gobierno federal argumenta que el uso del derecho de réplica no interfiere con las concesiones vigentes que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes otorga a los particulares.

Los indicadores de audiencias y las métricas de monitoreo de medios locales reflejan que las menciones gubernamentales influyen en la discusión digital pero no alteran la capacidad técnica de emisión de las señales de televisión digital terrestre. Las frecuencias operadas por la cadena televisiva mantienen su continuidad de transmisión sin reportar suspensiones técnicas por orden judicial o administrativa.

El Ejecutivo Federal concluyó el informe señalando que las relaciones con los medios de comunicación masiva se guiarán estrictamente bajo el principio de legalidad y transparencia fiscal. La revisión de los antecedentes financieros de las empresas concesionarias se mantendrá dentro de las atribuciones que corresponden de forma exclusiva a las autoridades ministeriales y hacendarias competentes.