Morena suspende la expulsión de Rubén Rocha Moya por falta de pruebas

Por Juan Pablo Ojeda

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena determinó dejar en estatus de suspensión temporal el procedimiento de expulsión de Rubén Rocha Moya y de otros militantes de la estructura de Sinaloa que fueron vinculados a indagatorias penales. Los representantes del partido formalizaron que el retiro de los derechos políticos partidistas constituye una acción regulatoria que requiere de un sustento técnico definitivo. La dirigencia supeditó cualquier sanción interna a la emisión de sentencias firmes por parte de los órganos de procuración de justicia.

El desglose de los acuerdos tomados por la cúpula oficialista establece una diferenciación técnica obligatoria entre las medidas de orden administrativo del servicio público y las prerrogativas asociadas a la militancia. La primera variable, correspondiente a la separación precautoria del cargo público, fue ejecutada bajo el amparo de los protocolos de contención gubernamental. La segunda variable, relativa al padrón de afiliados y derechos internos, permanece sin modificaciones ni anotaciones negativas.

Los indicadores técnicos que rigen la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) estipulan que la apertura de un expediente disciplinario exige la presentación de pruebas documentadas y verificables por los promoventes. El partido informó que, al carecer de un veredicto probatorio formal en el expediente de Sinaloa, los acusados preservan las garantías de presunción de inocencia consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política.

De forma paralela, la Dirección Jurídica de Morena notificó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya aperturó las carpetas de investigación correspondientes a los hechos señalados en el estado norteño. Los registros ministeriales confirman que Rubén Rocha Moya y los coacusados han cumplido en tiempo y forma con los citatorios obligatorios, presentándose a comparecer ante el agente del Ministerio Público Federal para rendir sus declaraciones.

El plan de contingencia interna trazado por el partido detalla una secuencia de tres etapas antes de dictaminar una expulsión definitiva en el pleno de la CNHJ. El primer paso consiste en esperar la conclusión del periodo de instrucción y desahogo de pruebas por parte de la FGR. La segunda fase comprende la evaluación pericial de los documentos integrados, dejando la resolución definitiva sobre la baja del padrón para la tercera etapa procesal.

Los analistas en materia electoral destacan que los flujos de militantes y las estructuras de mando de Morena en el noroeste del país entrarían en un proceso de reconfiguración logística de confirmarse las sanciones penales. Por el momento, la directriz de la organización civil es mantener la operatividad de los programas de atención ciudadana y los comités de defensa locales de la entidad, con el objetivo de mitigar la inestabilidad institucional.

La contención de las sanciones partidistas responde a la necesidad de preservar el quórum y la representatividad legal de las facciones estatales frente a los ejercicios presupuestales del año en curso. La vigencia del estatus de Rocha Moya como miembro del partido se mantendrá sujeta a las auditorías periódicas que efectúa el área de organización, la cual actualizará los datos de afiliación conforme los tribunales federales emitan los resolutivos correspondientes.