Por Bruno Cortés La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), presentada este lunes 26 de octubre de 2026 ante la Cámara de Diputados, resolvió la pregunta de quién encabezará el árbitro electoral, pero no la de qué ocurrió con los contratos que detonaron la crisis. La propia Taddei escribió en su mensaje del 25 de octubre que su decisión “no releva a nadie del deber de esclarecer” los hechos, y la presidenta Claudia Sheinbaum insistió el 26 de octubre en que “tiene que hacerse la investigación, tiene que haber una auditoría”. ¿Quién investiga exactamente, con qué facultades y qué podría resultar? Esta guía ordena a cada institución involucrada, lo que cada una ha informado hasta ahora y lo que establece la ley. Un punto de partida indispensable: hasta este 26 de octubre ninguna autoridad ha determinado responsabilidad administrativa o penal de Taddei ni de los proveedores señalados, y todas las personas mencionadas tienen derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Qué se investiga El caso surgió de reportajes periodísticos, principalmente de Latinus, sobre la cercanía de Taddei, de familiares suyos y de funcionarios del INE con José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de Cajas Graf, empresa proveedora de paquetes y materiales electorales. Según El Universal, las indagatorias abarcan un conglomerado de al menos siete empresas ligadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas que habrían participado como competidoras en licitaciones de autoridades electorales, con contratos en organismos electorales locales de al menos 13 estados. Las preguntas centrales son tres: si hubo conflicto de interés en las adjudicaciones; si existió simulación de competencia entre empresas de un mismo grupo; y si se triangularon recursos públicos hacia otras compañías. Taddei ha negado tener empresas favoritas y sostuvo que las compañías señaladas ya eran proveedoras del instituto antes de su llegada, en abril de 2023. La Auditoría Superior de la Federación El 23 de octubre, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una investigación de oficio sobre el uso de recursos públicos en el INE, en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y en las empresas, proveedores y servidores públicos relacionados. En su comunicado afirmó que ya cuenta con “elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos”. La ASF es el órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (artículos 59 a 65, con reformas publicadas el 14 de mayo de 2026) le permite revisar la gestión financiera del ejercicio fiscal en curso o de años anteriores cuando se presume un manejo irregular de recursos, incluidos actos irregulares en la adquisición de bienes y la contratación de servicios. Al concluir esa revisión, debe rendir un informe a la Cámara a más tardar 20 días hábiles después y promover las acciones para fincar responsabilidades administrativas, penales y políticas que procedan. La ASF no impone por sí misma las sanciones graves ni encarcela a nadie: investiga, documenta y promueve. Según Latinus, en la revisión de la Cuenta Pública 2024 la ASF ya había detectado irregularidades por alrededor de 66 millones de pesos en el pago de materiales y suministros del INE; ese dato proviene del medio y no de un informe consultado directamente para esta nota. El Órgano Interno de Control del INE El INE tiene su propio Órgano Interno de Control (OIC). El artículo 487 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales le da autonomía técnica y de gestión para prevenir, investigar y calificar actos u omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del instituto, sancionar las faltas no graves, fiscalizar ingresos y egresos y presentar denuncias por posibles delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El 24 de octubre, la presidencia del INE informó que remitió antecedentes al OIC para revisar posibles omisiones en declaraciones patrimoniales y de intereses, y que colaborará con la ASF. La consejera Carla Humphrey, por su parte, planteó públicamente el 26 de octubre que el propio instituto debería abrir una investigación sobre lo ocurrido. La Unidad de Inteligencia Financiera La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda, analiza operaciones financieras y puede ordenar el bloqueo preventivo de cuentas y dar vista al Ministerio Público. Medios como El Imparcial reportaron el 21 de octubre que investiga a la red de siete empresas proveedoras por presunta triangulación de recursos y simulación de competencia, y que habría alrededor de 70 cuentas bloqueadas; esa cifra no ha sido confirmada oficialmente por la UIF. En su conferencia del 26 de octubre, la presidenta Sheinbaum confirmó que en 2023 la UIF congeló cuentas de Hernández Casillas y que un amparo obligó después a liberarlas. Sobre nuevas líneas de investigación, dijo que corresponderá a la UIF informar en su momento. La Fiscalía y el Tribunal de Justicia Administrativa Si alguna de estas instancias encuentra indicios de delito, el caso pasaría a la Fiscalía General de la República, en particular a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Hasta el 26 de octubre no se había informado públicamente de una carpeta de investigación penal contra Taddei. Las faltas administrativas graves, como la actuación bajo conflicto de interés o el cohecho, no las sanciona el OIC sino el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a partir del expediente que integren la ASF o el propio órgano de control. La Ley General de Responsabilidades Administrativas define el conflicto de interés en su artículo 58: incurre en él el servidor público que interviene en asuntos en los que tiene un interés personal, familiar o de negocios que puede afectar su imparcialidad, en lugar de excusarse. Qué sanciones prevé la ley Tipo de responsabilidadQuién la determinaPosibles consecuenciasFalta administrativa no graveÓrgano Interno de ControlAmonestación, suspensión de 1 a 30 días, destitución o inhabilitación de tres meses a un añoFalta administrativa graveTribunal Federal de Justicia AdministrativaSuspensión de 30 a 90 días, destitución, sanción económica e inhabilitación de 1 a 10 años, o de 10 a 20 si el daño supera 200 veces la UMA diariaBeneficio económico indebidoTribunal Federal de Justicia AdministrativaSanción económica de hasta dos tantos del beneficio y reparación del dañoPosible delitoFiscalía y jueces penalesLas penas que establezca el Código Penal Federal para el delito que se acrediteResponsabilidad políticaCongreso (juicio político)Destitución e inhabilitación de 1 a 20 añosFuente: Ley General de Responsabilidades Administrativas (arts. 75, 78 y 79, última reforma DOF 15-12-2025), Constitución y Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. ¿La renuncia la protege? No. La responsabilidad administrativa se refiere a los actos cometidos mientras se ocupaba el cargo, por lo que dejarlo no extingue la posibilidad de ser investigado o sancionado. Lo que cuenta son los plazos de prescripción: según el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las facultades para sancionar faltas no graves prescriben en tres años y las graves en siete, contados desde que se cometió la infracción o desde que cesó. El juicio político, en cambio, tiene un límite más estrecho: el artículo 114 constitucional permite iniciarlo mientras el servidor público ocupa el cargo y hasta un año después de dejarlo. Con la renuncia, la destitución pierde sentido, pero la inhabilitación seguiría siendo jurídicamente posible dentro de ese plazo, aunque hasta ahora no se ha anunciado una denuncia formal. Lo que falta saber Cuándo concluirá la revisión de la ASF y qué contratos y ejercicios abarcará con precisión. Si la UIF presentará denuncias ante la Fiscalía y contra quién. Qué resultados arrojará la revisión del OIC sobre las declaraciones de intereses de funcionarios del INE. Si la ASF extenderá sus hallazgos a los OPLE de los estados donde operaron las mismas empresas. Cómo afectará el caso las compras de material para la elección de 2027. Mientras tanto, el relevo en la presidencia del INE sigue su propio camino en la Cámara de Diputados, con un procedimiento que Ricardo Monreal estimó en cuatro a cinco semanas. La discusión pública sobre el caso también ha reactivado el debate sobre el costo de la corrupción para las instituciones, un tema que analizamos a partir de los datos del IMCO. Preguntas frecuentes ¿Taddei ya fue acusada formalmente de un delito? No. Hasta el 26 de octubre de 2026 no se ha informado de una acusación penal ni de una resolución que determine su responsabilidad. Existen investigaciones de la ASF, la UIF y el Órgano Interno de Control del INE. ¿Puede ser sancionada aunque ya no sea presidenta del INE? Sí, si se acreditara una falta cometida durante su gestión. Las faltas administrativas graves prescriben en siete años y las no graves en tres. ¿Qué hace la ASF en este caso? Revisa las contrataciones del INE y de los organismos electorales locales, informa a la Cámara de Diputados y promueve las acciones administrativas, penales o políticas que procedan. No dicta sentencias. ¿Quién impone las sanciones graves? El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a partir de los expedientes que le presenten la ASF o el órgano interno de control. ¿El caso afecta la elección de 2027? El Consejo General del INE afirmó que la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027 continuará conforme a los plazos aprobados. La presidenta Sheinbaum descartó una crisis institucional. 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