Coahuila pasó de la jornada electoral a una nueva disputa política. Cinco días después de los comicios locales, Ricardo Mejía Berdeja promovió una demanda de juicio político contra el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el fiscal general Federico Fernández Montañez. La copia compartida del documento muestra un sello visible de recibido del 12 de junio. El escrito coloca nuevamente a las instituciones estatales en el centro del debate postelectoral. La elección del 7 de junio renovó las 25 diputaciones del Congreso local. El mapa territorial comprendió 16 distritos de mayoría relativa, distribuidos en municipios como Acuña, Piedras Negras, Sabinas, San Pedro, Monclova, Frontera, Matamoros, Torreón, Ramos Arizpe y Saltillo. La alianza PRI-UDC aventajó en los 16 distritos de mayoría relativa y obtuvo 684 mil 515 votos, equivalentes al 55%. La coalición Morena-PT alcanzó 326 mil 012 sufragios, el 26%. El resultado, sin embargo, quedó acompañado por señalamientos que deberán ser revisados. Un análisis de los datos preliminares identificó al menos 30 casillas con una participación superior al 100% al comparar el padrón con los sufragios registrados en actas del PREP. También se reportaron patrones atípicos en zonas de Torreón, Saltillo y Ramos Arizpe. Morena denunció un presunto esquema de compra de votos mediante códigos QR y anunció acciones ante autoridades electorales y financieras. Los materiales difundidos en redes sociales no habían sido verificados de forma independiente al cierre de los primeros reportes. La demanda promovida por Mejía agrega señalamientos sobre posibles actos de intimidación y cuestiona la actuación de autoridades estatales. La publicación responsable exige atribuir cada acusación a su promovente y esperar la postura de las instituciones involucradas. El calendario electoral todavía se encuentra en una etapa relevante. El INE estableció que los cómputos distritales deben desarrollarse del 10 al 14 de junio. Ese proceso permitirá conocer el cierre formal de los resultados y la ruta de eventuales impugnaciones. Para Coahuila, el caso rebasa la disputa partidista. La revisión institucional deberá aclarar si existieron irregularidades, cuál fue su alcance y si tuvieron consecuencias jurídicas sobre casillas específicas o sobre el proceso electoral. Comparte esto: Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Me gusta esto:Me gusta Cargando... Navegación de entradas Kenia López Rabadán confronta la agenda gubernamental frente al Mundial 2026
