Por Bruno Cortés La Cámara de Diputados reanuda sus sesiones este miércoles 18 de noviembre a las 11:00, en modalidad semipresencial, y entre el miércoles y el jueves 19 prevé discutir tres decretos ambientales que pueden cambiar la forma en que se vigilan los bosques, se planean las ciudades y se exportan productos agrícolas. Según el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, citado por El Economista el 17 de noviembre, se trata de cambios a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), del llamado certificado de libre de deforestación y de la nueva Ley General en materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales. Esta guía explica qué es la LGEEPA y por qué se quiere sustituir, qué propone la iniciativa presidencial, cómo funcionaría el certificado de libre de deforestación, qué pasos faltan en el Congreso y cuáles son las críticas. La ley de bienestar animal, que también está en la lista, la explicamos en nuestra guía sobre la Ley General de Bienestar Animal. La información corresponde a la tarde del 17 de noviembre de 2026; los textos que vote el Pleno todavía pueden cambiar. Qué es la LGEEPA y por qué se quiere cambiar La LGEEPA es la ley marco de la política ambiental mexicana. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988 y regula, entre otros instrumentos, la evaluación de impacto ambiental de obras y actividades, las áreas naturales protegidas, el ordenamiento ecológico del territorio, la prevención de la contaminación del aire, el agua y el suelo, y la denuncia popular. Ha tenido varias reformas; la más amplia fue la de 1996. El gobierno federal sostiene que esa estructura responde a una realidad distinta a la actual. Durante el Foro Nacional para la Modernización de la LGEEPA, realizado en San Lázaro a principios de agosto, la subsecretaria de Regulación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Iliana Villalobos, afirmó que la propuesta no se limita a ajustes puntuales, sino que reestructura todo el articulado. Problemas como la crisis climática, la contaminación por plásticos, la degradación de suelos o la pérdida acelerada de biodiversidad no tenían en 1988 la dimensión que tienen hoy. Qué propone la iniciativa presidencial La presidenta Claudia Sheinbaum firmó la iniciativa el 26 de agosto de 2026 en Palacio Nacional. En la Cámara de Diputados quedó registrada como iniciativa para expedir una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada el 31 de agosto; en su presentación, el gobierno también la llamó Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental. El nombre definitivo dependerá del dictamen. El 1 de septiembre se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen, y el 15 de septiembre la Mesa Directiva amplió el turno para que las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo y Conservación Rural emitan opinión. De acuerdo con lo expuesto por la Semarnat y con la descripción de la Cámara, estos son los cambios principales: Evaluación ambiental estratégica. Analizar los efectos ambientales de políticas, planes y programas antes de que se conviertan en proyectos concretos, y no solo obra por obra como ocurre hoy con la evaluación de impacto ambiental. Efectos acumulativos. Obligar a valorar los efectos acumulativos, sinérgicos, residuales y de largo plazo de las obras que requieren autorización. Restauración y conservación. Programas para recuperar ríos, barrancas, costas, playas y manglares, y nuevas figuras de conservación como corredores biológicos, paisajes bioculturales y refugios pesqueros. Justicia ambiental y Acuerdo de Escazú. Fortalecer la denuncia popular, el acceso a la información, la participación ciudadana y la protección de personas defensoras del medio ambiente. Cambios institucionales. Convertir a la Conabio en organismo descentralizado y transformar a la Profepa en una Procuraduría Federal de Justicia Ambiental. Economía circular y trámites digitales. Una política de «menos basura, más reciclaje» y la digitalización de procedimientos y registros. Según el Colegio de Biólogos de México, que participó en el foro de agosto, la propuesta de la Semarnat pasaba de 204 a 331 artículos. No es la única iniciativa: el diputado del PVEM Óscar Bautista Villegas presentó en agosto otro proyecto para expedir una nueva LGEEPA y abrogar la de 1988. Las comisiones pueden tomar una como base, combinarlas o redactar un texto distinto. Hasta la tarde de este 17 de noviembre no se había difundido públicamente un dictamen de esta iniciativa. Cuál reforma a la LGEEPA llega al Pleno Aquí conviene una precisión. La agenda anunciada habla de «cambios integrales» a la LGEEPA, pero, de acuerdo con El Economista (17 de noviembre), los tres decretos que se discutirán esta semana fueron remitidos por el Senado como minutas, y el que toca la LGEEPA incluye también reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y a la Ley General de Cambio Climático en materia de arborización urbana. Esa minuta es distinta de la iniciativa presidencial. El Senado la aprobó el 11 de noviembre de 2026 por unanimidad, con 96 votos, y ese mismo día la turnó a la Cámara de Diputados, según el Sistema de Información Legislativa. Define la arborización como el conjunto de acciones de plantación, mantenimiento y conservación de especies vegetales adecuadas en ciudades y asentamientos humanos, según el clima y los ecosistemas de cada región, y obliga a que el uso del espacio público y los programas de zonas metropolitanas incluyan acciones de arbolado y áreas verdes. En resumen: la iniciativa presidencial para sustituir la LGEEPA nació en la Cámara de Diputados y sigue en comisiones; la minuta de arborización ya pasó por el Senado. Hasta la tarde del 17 de noviembre no localizamos publicado el dictamen que se votará, por lo que no es posible confirmar si el Pleno discutirá solo la minuta del Senado o también la nueva ley. El orden del día de la sesión lo aclarará. Qué es el certificado de libre de deforestación El segundo tema es más acotado y está más avanzado. Se trata de una minuta que el Senado aprobó el 30 de septiembre de 2026 y que la Cámara de Diputados recibió el 6 de octubre, según el Sistema de Información Legislativa. Reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable con tres cambios: Define la deforestación como la «pérdida de la vegetación forestal por causas inducidas o naturales». Faculta a la Federación y a la Semarnat para expedir el certificado de libre de deforestación, que acredita que un polígono de terreno está fuera de terrenos forestales o que, si es forestal, cuenta con la autorización de cambio de uso de suelo. Da a la Semarnat 60 días naturales, a partir de la entrada en vigor, para emitir las reglas administrativas del certificado, sin presupuesto adicional. El objetivo declarado es dar trazabilidad a las cadenas de suministro y responder a mercados que exigen probar que un producto no viene de tierras deforestadas; la Unión Europea, por ejemplo, adoptó un reglamento contra productos ligados a la deforestación. El caso más citado es el aguacate. En la conferencia matutina del 30 de septiembre, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, dijo que con esa facultad se podrá impedir la exportación de aguacate que provenga de huertas deforestadas. Desde octubre de 2025 opera el mecanismo Aguacate Cero Deforestación, que exige que la fruta exportada provenga de predios sin deforestación desde 2019. Qué cambia para productores y ciudadanos Si se aprueba, el certificado sería un documento oficial que productores, empacadores y exportadores podrían necesitar para demostrar el origen legal de lo que venden. Para ejidos y pequeños propietarios, la clave estará en las reglas que emita la Semarnat: qué datos se pedirán, cuánto tardará el trámite y cómo se revisarán los polígonos. La nueva LGEEPA tendría un alcance más amplio: afectaría a quien construye una carretera, un desarrollo inmobiliario o una planta industrial, porque cambiaría la forma de evaluar los proyectos. Para la ciudadanía, el punto más visible sería la denuncia popular y el acceso a la información ambiental. Los conflictos por el agua y el territorio, como los que explicamos en nuestra nota sobre la crisis del agua en Guadalajara, muestran por qué importa quién decide y con qué reglas. Qué falta en el Congreso Las rutas son distintas. En el certificado, Diputados es cámara revisora: si aprueba la minuta sin cambios, pasa al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial; si la modifica, regresa al Senado. Lo mismo ocurre con la minuta de arborización urbana. En cambio, si se votara la iniciativa presidencial de nueva LGEEPA, Diputados sería cámara de origen: tras el Pleno, el proyecto iría al Senado, donde la comisión respectiva tendría que dictaminarlo. Sobre cómo se reparten esas comisiones en la cámara alta, puede consultar nuestra guía sobre las comisiones del Senado. El primer periodo ordinario termina el 15 de diciembre. Monreal informó que de la agenda prioritaria de casi 30 puntos ya se ha desahogado el 70% y que esta semana las sesiones serán semipresenciales por acuerdo de todas las bancadas. Críticas y puntos a vigilar Cerca de 70 organizaciones, entre ellas el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), pidieron desde septiembre un parlamento abierto antes de dictaminar la LGEEPA y advirtieron contra la «prisa legislativa»; recordaron que la reforma de 1996 se discutió durante casi 18 meses. Especialistas que participaron en el foro de agosto advirtieron que la reforma será inoperante sin un presupuesto suficiente para el sector ambiental en los tres niveles de gobierno. Los puntos a revisar en el texto final serán qué pasa con las autorizaciones ya otorgadas, cómo se coordinarán Federación, estados y municipios, qué plazos tendrán los reglamentos y si se mantiene el principio de no regresión, es decir, que la nueva ley no proteja menos que la actual. Preguntas frecuentes ¿Ya se aprobó la nueva LGEEPA? No. Al 17 de noviembre de 2026 la iniciativa presidencial seguía en comisiones de la Cámara de Diputados y su dictamen no se había hecho público. Lo que el Senado ya aprobó, el 11 de noviembre, es una reforma acotada a la LGEEPA en materia de arborización urbana, que Diputados prevé discutir esta semana. Mientras tanto, sigue vigente la ley de 1988. ¿Cuándo vota la Cámara de Diputados? La sesión está citada para el miércoles 18 de noviembre a las 11:00. Monreal informó que los tres decretos ambientales se discutirían entre el miércoles 18 y el jueves 19 de noviembre. ¿Qué es el certificado de libre de deforestación? Un documento que expediría la Semarnat para acreditar que un terreno está fuera de zonas forestales o que tiene autorización de cambio de uso de suelo. El Senado lo aprobó el 30 de septiembre; falta que lo vote Diputados. ¿A quién afectaría el certificado? Sobre todo a productores y exportadores que deben demostrar que sus productos no vienen de tierras deforestadas, como el aguacate. Las reglas concretas las emitiría la Semarnat en un plazo de 60 días tras la entrada en vigor. ¿Cambia algo para los ciudadanos? La propuesta de la nueva LGEEPA busca fortalecer la denuncia popular, el acceso a la información ambiental y la protección a defensores del medio ambiente, pero el alcance real dependerá del texto que se apruebe. Comparte esto: Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Me gusta esto:Me gusta Cargando... Navegación de entradas Sheinbaum y Xi Jinping: qué se acordó y qué sigue con China Ley de Bienestar Animal aprobada: qué cambia, multas y qué sigue