Limpiar al INE, no castigarlo

Por Bruno Cortés

Pocas semanas han sido tan malas para el Instituto Nacional Electoral como esta. El domingo 25 de octubre Guadalupe Taddei anunció que dejaba la presidencia del Consejo General y el lunes 26 entregó su renuncia en San Lázaro. El jueves 30, el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó a los diputados que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8 mil 870 millones de pesos con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026, de los cuales 3 mil 790 millones fueron con organismos electorales locales. Y ese mismo día empezó a circular en la Comisión de Presupuesto un proyecto de dictamen que le quita 5 mil millones de pesos al instituto para 2027. Es el tema de la semana, porque de lo que hagamos con el INE depende la elección del 6 de junio.

Mi postura es clara: al INE hay que limpiarlo a fondo, pero no se vale castigarlo. Son dos cosas distintas que se están mezclando.

Empiezo por la renuncia. Taddei hizo lo correcto, y lo hizo tarde. Todavía el 22 de octubre, frente a las representaciones de los partidos, decía que no dejaría el cargo. Hizo falta que Latinus difundiera el video de su convivencia privada con José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de Cajas Graf, proveedora de materiales electorales; que se conociera que la Unidad de Inteligencia Financiera revisa una red de siete empresas ligadas a los hermanos Hernández Casillas, y que la Auditoría anunciara una investigación de oficio. Según Latinus, el 6 de marzo de 2025 el INE adjudicó a Cajas Graf un contrato por un monto máximo de 198.7 millones de pesos para materiales de la elección judicial. Taddei ha dicho que esas empresas ya trabajaban con el instituto antes de que ella llegara y que no tenía proveedores favoritos. Puede ser. Pero quien preside al árbitro de todas las elecciones del país no puede andar de convivio con quien le vende las urnas.

Eso sí: hasta hoy ninguna autoridad ha determinado responsabilidad de Taddei ni de los proveedores. Ella misma escribió que su salida «no releva a nadie del deber de esclarecer» los hechos, y tiene razón. La renuncia no puede ser el punto final. Las faltas administrativas graves prescriben en siete años y el juicio político todavía es posible hasta un año después de dejar el cargo. Que la Auditoría, la UIF y el Órgano Interno de Control terminen su trabajo y que, si hubo daño, se sancione y se recupere el dinero. La presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo el 26 de octubre: tiene que hacerse la investigación y tiene que haber una auditoría. Coincido, y agrego que los resultados tienen que hacerse públicos, con nombres, contratos y montos.

Porque el problema no es una persona, es un sistema de compras que permitió que empresas de un mismo grupo compitieran entre sí en licitaciones y que, según el propio auditor, compañías con muy pocos trabajadores facturaran cientos de millones. Eso se arregla con reglas, no cambiando a la presidenta: padrón público de proveedores con sus dueños reales, prohibición expresa de que empresas vinculadas concursen en la misma licitación y auditorías en tiempo real a las compras de la elección de 2027. Ricardo Monreal dijo el jueves que el Congreso está dispuesto a darle más facultades a la Auditoría, incluidas revisiones en el lugar y la capacidad de resarcir daños. Bien, pero hasta ahora es un anuncio, no una iniciativa. Que la presenten.

Ahora, el recorte. El proyecto de dictamen deja al INE con 37 mil 275 millones de pesos, frente a los 42 mil 274.5 millones que había propuesto Hacienda. Los diputados argumentan que, aun con el ajuste, el instituto tendría en términos reales más que en 2021 y que en 2024, y que el dinero se iría a escuelas, al medio ambiente, a la aviación civil y 300 millones a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. No me escandalizo: un instituto con problemas tan graves en sus compras tiene margen para gastar mejor.

Pero ojo con el momento y con el mensaje. El INE está a la mitad de un proceso electoral que renovará las 500 diputaciones y, junto con los organismos locales, 17 gubernaturas. Viene de recortes de 4 mil 913 millones en 2022 y de 4 mil 475.5 millones en 2023 que obligaron a reprogramar proyectos. Y está sin presidenta definitiva. Si el ajuste se aplica, que salga de lo que el escándalo ya mostró: compras, contratos cuestionados y gasto administrativo. Ni un peso menos para capacitar a quienes reciben nuestro voto en las casillas, para la credencial o para los resultados preliminares de la noche de la elección. Recortar donde hubo abuso es limpiar; recortar la operación electoral es castigar a los votantes por las culpas de unos cuantos.

Queda la pregunta más importante: quién llega. Pablo Gómez dijo el 29 de octubre que los grupos parlamentarios acordaron que sea una mujer y que, si no hay consenso, habrá insaculación, como en 2023. Ojalá no sea así. Un INE que sale de una crisis de confianza necesita una presidencia elegida por acuerdo de dos tercios, con un perfil técnico y sin deudas con nadie, ni con el gobierno ni con la oposición.

La democracia mexicana costó demasiado como para dejar que la defiendan o la ataquen solo con presupuestos. Limpiemos al INE hasta el fondo, pero dejémoslo trabajar.