ASF: qué es, cómo fiscaliza y qué poderes le quiere dar Monreal

Por Bruno Cortés

El 30 de octubre de 2026, durante la segunda entrega de informes de auditoría de la Cuenta Pública 2025, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, dijo que el Congreso está dispuesto a darle más facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), incluidas auditorías in situ y la posibilidad de resarcir daños, y que si es necesario se modificaría la Constitución. “Nadie en el Congreso de la Unión se negaría a darle más facultades a la Auditoría para que el combate a la corrupción sea eficaz”, afirmó, según la versión difundida por la Cámara.

El anuncio llega en medio del caso de los contratos del INE, en el que la ASF abrió una investigación de oficio, y a seis meses de una reforma legal que ya amplió sus herramientas. Esta guía explica qué es la ASF, cómo funciona una auditoría, qué cambió en mayo de 2026, qué encontró en su entrega más reciente y qué tendría que pasar para que la propuesta de Monreal se convierta en ley.

Qué es la Auditoría Superior de la Federación

La ASF es el órgano técnico de la Cámara de Diputados encargado de revisar cómo se usó el dinero público federal. El artículo 79 de la Constitución le da autonomía técnica y de gestión para decidir su organización y sus resoluciones, y establece que su trabajo se rige por los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Revisa los ingresos, egresos y deuda del gobierno federal; el dinero de los Poderes de la Unión y de los organismos autónomos; los recursos federales que ejercen estados, municipios y alcaldías, y los que reciben particulares, fideicomisos y fondos. También practica auditorías de desempeño, que miden si los programas cumplen sus objetivos, no solo si el gasto está comprobado.

Su titular es designado por dos terceras partes de los diputados presentes, dura ocho años y puede ser reelecto una sola vez. El actual auditor, Aureliano Hernández Palacios Cardel, fue elegido el 10 de marzo de 2026 con 472 votos para el periodo del 15 de marzo de 2026 al 14 de marzo de 2034.

Cómo funciona una auditoría: del informe a la sanción

La fiscalización es posterior: la ASF revisa la Cuenta Pública del año anterior, aunque puede empezar el primer día hábil del ejercicio siguiente. La Constitución le fija tres entregas: el último día hábil de junio, el último día hábil de octubre y el 20 de febrero del año siguiente, cuando además presenta el Informe General Ejecutivo. Para la Cuenta Pública 2025, la tercera entrega corresponde a febrero de 2027. El proceso de la Cuenta Pública anterior se explicó en nuestra guía sobre la Cuenta Pública 2024.

Un monto “por aclarar” no significa que haya un desvío probado. El proceso tiene varias etapas:

• Observación. La ASF notifica a la entidad auditada lo que no está comprobado. Tras la entrega a la Cámara, el ente tiene hasta 30 días hábiles para responder.
• Valoración. La ASF tiene 120 días hábiles para pronunciarse sobre esas respuestas; la reforma de 2026 añadió 90 días hábiles para enviar el dictamen técnico de los pliegos no solventados al área de investigación.
• Promoción de sanciones. Si hay faltas administrativas graves, la ASF promueve la sanción ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; si hay posibles delitos, presenta denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
• Seguimiento público. Cada 1 de mayo y 1 de noviembre la ASF entrega a la Cámara un informe sobre el estado de sus observaciones, que incluye montos resarcidos y denuncias presentadas.

Es decir, la ASF detecta, investiga y promueve, pero no es quien sentencia: las sanciones graves las decide el tribunal administrativo y los delitos, un juez penal.

Qué cambió con la reforma de mayo de 2026

El 14 de mayo de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reformó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Entró en vigor al día siguiente. Sus cambios principales, según el texto publicado:

• Investigaciones de oficio. Un nuevo artículo 66 Bis permite a la ASF investigar “en cualquier momento”, de oficio o por denuncia, presuntas faltas administrativas graves, independientemente del proceso de fiscalización y del ejercicio fiscal de que se trate.
• Denuncias ciudadanas. Cualquier persona puede denunciar el manejo irregular de recursos federales, y con autorización del titular la ASF puede revisar el ejercicio en curso o años anteriores.
• Registro de datos. Se crea un Registro de Información y Datos relacionados con los Recursos Federales, incluidas las participaciones, en el que los entes públicos deben reportar beneficiarios y momentos contables. La ASF tenía 180 días naturales para emitir sus lineamientos.
• Información reservada. La ASF puede acceder a información reservada o confidencial ligada al manejo de recursos públicos, con obligación de mantener la reserva.
• Multas y notificaciones. Las multas por no atender requerimientos van de 150 a 2 mil veces el valor diario de la UMA, y las notificaciones pueden ser electrónicas.
• Coordinación con estados. La ASF puede firmar convenios con las auditorías locales para revisar recursos federales transferidos, sin delegar el mando de las auditorías.

Esa reforma es la que, según el auditor, permitió abrir la investigación de oficio sobre proveedores del INE. Probablemente a ella se refería Monreal cuando mencionó “unas leyes” aprobadas “hace unos meses”.

Qué encontró en la entrega del 30 de octubre

En la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025, la ASF reportó más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar, de acuerdo con El Financiero, La Razón y La Jornada. Los datos más relevantes:

• Municipios: 42 auditorías municipales acumularon 5 mil 243 millones por aclarar, 58.2% del total de la entrega, con 128 pliegos de observaciones. Tecámac, Estado de México, encabeza la lista con mil 201.8 millones.
• Federación: el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México suman 2 mil 327 millones observados.
• Estados: más de mil 200 millones pendientes, sobre todo en educación y salud; antes de concluir las revisiones, las entidades reintegraron mil 132 millones, de ellos 553 millones en el sector salud.
• Denuncias: el auditor informó 40 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción en su gestión y, por primera vez, tres denuncias penales relacionadas con auditorías todavía en curso.

En la primera entrega, de junio, la ASF había reportado alrededor de 600 millones por aclarar, por lo que el acumulado de la Cuenta Pública 2025 ronda los 9 mil 600 millones, según El Financiero.

El caso INE: la primera gran prueba

En la misma sesión, Hernández Palacios Cardel informó que la ASF inició una investigación de oficio que abarca al INE, a los organismos públicos locales electorales, a empresas, proveedores y servidores públicos relacionados. Según su exposición, reportada por Infobae, dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8 mil 870 millones de pesos con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026, de los cuales 3 mil 790 millones fueron con organismos electorales locales. El auditor describió subcontratación entre empresas de los mismos grupos y compañías con muy pocos trabajadores que facturaban cientos de millones. No mencionó por su nombre a la expresidenta del INE. Las líneas de investigación en curso sobre ese caso se detallan en esta guía sobre quién investiga.

Qué propone Monreal y qué falta

Monreal habló de tres líneas: mejorar la capacidad de fiscalización, hacer auditorías in situ, es decir, en el lugar donde se ejerce el dinero, y fortalecer la posibilidad de resarcir, que es recuperar los recursos dañados. Pero no presentó una iniciativa, no dijo qué artículos se reformarían ni fijó un calendario.

Si el cambio requiere tocar el artículo 79 de la Constitución, el procedimiento del artículo 135 exige dos terceras partes de los legisladores presentes en cada cámara y la aprobación de la mayoría de los congresos estatales. Si basta con reformar la ley, se necesita mayoría simple en ambas cámaras. Dos preguntas quedarán por resolver en cualquier propuesta: cómo se cobrarán más rápido los daños sin afectar el debido proceso de los investigados, y con qué presupuesto, porque la reforma de mayo estableció que sus costos se cubrirían con los recursos ya aprobados, sin dinero adicional. El presupuesto de la propia ASF se define en el PEF 2027, que los diputados votarán en noviembre.

Por qué importa

La ASF es el principal contrapeso técnico sobre el gasto público y su trabajo alimenta otros procesos: las comparecencias de funcionarios, las denuncias penales y, en casos extremos, los procedimientos de responsabilidad política explicados en nuestra guía de juicio político. Para los ciudadanos, la diferencia práctica está en cuánto dinero se recupera y cuántos casos llegan a sanción, más allá de los montos observados en cada entrega.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la ASF?

Es el órgano de la Cámara de Diputados, con autonomía técnica y de gestión, que fiscaliza el uso de los recursos públicos federales, incluidos los que ejercen estados, municipios y particulares.

¿La ASF puede meter a alguien a la cárcel?

No. Presenta denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y promueve sanciones administrativas graves ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Quien decide son los jueces y el tribunal.

¿Qué significa que haya millones “por aclarar”?

Que la entidad auditada no ha comprobado ese gasto. Puede solventarlo con documentos o reintegros; si no lo hace, la ASF puede promover acciones de responsabilidad.

¿Cuándo entrega la ASF sus informes?

El último día hábil de junio y de octubre, y el 20 de febrero del año siguiente, cuando entrega también el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública.

¿Ya se aprobó la reforma que propone Monreal?

No. Al 31 de octubre de 2026 es un anuncio de disposición; no hay iniciativa presentada ni texto público.