Costo de corrupción por ciudadano sube 15% y toca máximo histórico

Por Juan Pablo Ojeda

El costo económico promedio de los actos de corrupción por cada ciudadano en México alcanzó un máximo histórico de 5 mil 432 pesos durante 2025, lo que representa un incremento real del 15% en comparación con los registros de 2023. La auditoría de datos realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad, basada en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, confirma que las pérdidas globales para la sociedad mexicana ascendieron a 24 mil 886 millones de pesos por concepto de sobornos y erogaciones anómalas en trámites públicos.

El incremento de 709 pesos por persona respecto a la medición previa interrumpió la tendencia decreciente que el indicador general mostraba desde el año 2017. Los registros estadísticos oficiales indican que un total de 6.9 millones de ciudadanos mayores de 18 años experimentaron de forma directa una conducta ilícita al interactuar con las ventanillas de la administración pública, lo que equivale al 16% de la población que realizó gestiones institucionales.

La tasa de prevalencia del fenómeno delictivo cerró el periodo anual con una métrica de 15 mil 642 incidentes delictivos por cada 100 mil habitantes en el territorio nacional. En la distribución por entidades federativas, Hidalgo y el Estado de México encabezaron los repuntes más agudos en el volumen de expedientes de cohecho por densidad poblacional, mientras que los estados de Chihuahua y Colima computaron las reducciones más significativas en sus tasas de incidencia.

En términos de percepción social, el 84% de la muestra demográfica nacional percibe que las prácticas corruptas son frecuentes o muy frecuentes en sus respectivas entidades. Las zonas metropolitanas e industriales de Michoacán, Baja California y la Ciudad de México concentraron los niveles más severos de desconfianza ciudadana, reportando un 89% de respuestas afirmativas en la categorización de conductas institucionales generalizadas.

Por el contrario, el estado de Querétaro se mantuvo como la demarcación subnacional con la menor tasa de percepción de corrupción en el país, fijando su indicador en un 67%. La base de datos del INEGI devela que en 28 de las 32 entidades del país la policía es identificada como la corporación con mayor arraigo de prácticas ilegales, seguida en el escalafón por los partidos políticos y las agencias del Ministerio Público.

Ante la rigidez de las cifras, las propuestas regulatorias orientadas al fortalecimiento de la competitividad plantean el establecimiento de regímenes diferenciados para los Polos de Desarrollo Económico del país. El diseño técnico busca simplificar la apertura de unidades de negocio mediante la homologación de licencias de uso de suelo y construcción, eliminando los márgenes de discrecionalidad que facilitan la exigencia de pagos informales por parte de inspectores locales.

La sustitución del contacto físico por plataformas interoperables automáticas se proyecta como la vía principal para deprimir las tasas de prevalencia en los municipios con alta concentración comercial. El análisis macroeconómico concluye que asegurar la integridad de las ventanillas gubernamentales reduce los costos de transacción para las empresas de capital extranjero, elevando la certidumbre jurídica indispensable para consolidar los proyectos de relocalización de cadenas de suministro.