Por Juan Pablo Ojeda El Gobierno de México ha oficializado la preparación de una demanda formal contra el Estado estadounidense tras la confirmación del fallecimiento de 17 ciudadanos mexicanos mientras se encontraban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La administración federal sostiene que existen evidencias de negligencia sistémica en los centros de detención migratoria, contraviniendo protocolos internacionales de derechos humanos. Los datos presentados por la Cancillería indican que los decesos ocurrieron en un lapso de 14 meses en diversas instalaciones del ICE. La estrategia jurídica se centrará en exigir una investigación independiente y la reparación del daño para las familias de las víctimas, amparándose en tratados de cooperación consular y derechos humanos. Durante su mensaje matutino, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a todas las fuerzas políticas del país para cerrar filas ante esta crisis diplomática. La mandataria enfatizó que la defensa de la vida de los connacionales debe ser un tema de Estado que trascienda las agendas partidistas y las diferencias ideológicas. El impacto económico de este litigio se calcula en función de la contratación de despachos jurídicos internacionales especializados en derecho migratorio estadounidense. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha confirmado la asignación de un presupuesto de contingencia para sostener este proceso judicial de largo aliento ante las cortes federales del vecino país. En el ámbito técnico, la demanda cuestiona la operatividad del sistema de salud y supervisión dentro de los centros de detención privados bajo contrato con el ICE. Se documentarán las omisiones en la atención médica básica, que, según el expediente mexicano, fueron el factor común en la mayoría de los casos reportados. La unidad nacional solicitada por Sheinbaum responde a la necesidad de presentar una postura monolítica frente a Washington. La estrategia busca que el Poder Legislativo respalde esta acción mediante puntos de acuerdo que exijan mayor transparencia en la gestión de los centros de detención migratoria en la frontera compartida. Las acciones legales comenzarán de forma inmediata con el envío de cartas rogatorias a las autoridades judiciales estadounidenses. El proceso busca establecer un precedente que obligue al ICE a elevar sus estándares de seguridad para evitar que la población migrante mexicana continúe siendo vulnerable a condiciones de detención precarias. Comparte esto: Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Me gusta esto:Me gusta Cargando... Navegación de entradas Sancionan a FMF por deficiencias en protección de datos Fan ID Sheinbaum desmiente vínculos de administración anterior con crimen organizado
