Sheinbaum rechaza entregar control de plazas a la CNTE por corrupción

Por Juan Pablo Ojeda

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó de manera formal la solicitud de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para restituir el modelo corporativo de asignación y movilidad de plazas docentes a través de comisiones mixtas paritarias entre el sindicato y los gobiernos estatales. Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo Federal afirmó que dicha estructura administrativa representa un retroceso hacia esquemas que históricamente propiciaron prácticas de corrupción en el sistema educativo nacional.

Los registros de la Secretaría de Educación Pública (SEP) indican que el actual modelo de transparencia y evaluación para el ingreso y promoción magisterial regula la asignación de vacantes en las 32 entidades federativas. La propuesta de la CNTE busca descentralizar el control de estos activos laborales hacia mesas de negociación seccionales, un esquema que la mandataria inhabilitó como opción de política pública argumentando que no cuenta con el aval de la totalidad del personal docente en funciones.

El conflicto se mantiene visible mediante un plantón indefinido en el Zócalo de la Ciudad de México, cuya permanencia e impacto en la movilidad urbana deberá ser justificada por los propios dirigentes del movimiento, según precisó la mandataria. El canal de negociación técnica por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) suspendió sus sesiones tras constatar una duplicidad discursiva por parte de la dirigencia sindical, la cual sostenía acuerdos en la mesa y ejecutaba acciones de presión en la vía pública de forma simultánea.

En materia presupuestal y de seguridad social, el Gobierno federal acotó los márgenes de negociación económica al techo financiero del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Las proyecciones de egresos de la federación supeditan cualquier incremento o modificación al régimen de jubilaciones a la suficiencia presupuestaria del Estado, priorizando el gasto social distribuido en programas universales por encima de las demandas particulares de los sectores sindicalizados.

La política de transferencias directas al sector educativo incluye la dispersión de más de 30 mil millones de pesos anuales mediante el programa «La Escuela es Nuestra», un modelo que deposita los recursos públicos en comités de padres de familia sin la intermediación de las cúpulas gremiales. Esta estructura de gasto público opera en paralelo con las becas universales y las pensiones para adultos mayores, limitando el margen de asignación discrecional de recursos de la federación.

Como mecanismo de resolución institucional, el Poder Ejecutivo propuso activar una consulta directa y universal orientada a las bases magisteriales de los 31 estados donde ya se aplica el voto secreto. Esta consulta técnica busca verificar si los trabajadores de la educación en activo respaldan el regreso al sistema de asignación por comisiones, un modelo que, de acuerdo con las declaraciones presidenciales, continúa operando de facto únicamente en el estado de Oaxaca.

La administración federal descartó el uso de corporaciones de seguridad pública para desalojar los campamentos magisteriales, estableciendo que el Estado no caerá en provocaciones que deriven en actos de represión. La estrategia gubernamental se enfocará en mantener la continuidad de los programas oficiales de la SEP y en la validación del marco constitucional que garantiza la elección democrática de las representaciones sindicales sin intervención del poder político.