Estados Unidos inicia demandas para revocar la ciudadanía a 17 naturalizados

Por Juan Pablo Ojeda

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició este lunes 8 de junio de 2026 una serie de procedimientos legales ante diversos tribunales federales con el objetivo de revocar la ciudadanía estadounidense a 17 migrantes naturalizados. Las demandas formales imputan a este grupo de personas la comisión de fraude durante sus respectivos procesos de regularización migratoria, al haber omitido antecedentes penales por delitos graves. La medida marca el inicio de una campaña sistemática orientada a la desnaturalización de infractores de la ley.

Los expedientes presentados ante el Poder Judicial de la Federación detallan que los acusados provienen de naciones como Cuba, Haití, Colombia, México, India, Somalia, Filipinas y Jamaica. Las fiscalías de distrito argumentan que los imputados incurrieron en violaciones al marco legal civil y penal, incluyendo registros por abuso sexual infantil, fraude de carácter bancario y narcotráfico internacional. La detección de estos perfiles se derivó de un cruce masivo de datos automatizado entre agencias de seguridad.

El fiscal general interino de los Estados Unidos, Todd Blanche, justificó el despliegue de los recursos jurídicos bajo la premisa de que el sistema de naturalización vigente sanciona de forma estricta las declaraciones falsas u omisiones de carácter delictivo. El funcionario federal precisó que la adquisición de la nacionalidad estadounidense mediante el engaño invalida el acto administrativo de origen, lo que genera consecuencias jurídicas punitivas inmediatas para los infractores detectados.

En términos operativos, si los jueces de distrito emiten sentencias favorables a las demandas del Gobierno federal, los 17 individuos perderán de forma automática los derechos políticos y civiles asociados a la ciudadanía. Esta resolución implicaría la pérdida del pasaporte estadounidense y la anulación de la protección constitucional frente a procesos de expulsión territorial. Los afectados serían degradados al estatus migratorio que poseían de forma previa a la conclusión de su trámite de naturalización.

La Secretaría de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que las personas que pierdan la ciudadanía serán sujetas a procedimientos expeditos de deportación hacia sus países de origen, de conformidad con las directrices vigentes de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Las agencias de control fronterizo mantendrán bajo custodia a los indiciados una vez que los tribunales revoquen sus cartas de naturalización, evitando su libre tránsito dentro de la Unión Americana.

Esta ofensiva jurídica representa una vertiente técnica del endurecimiento de los controles fronterizos y de residencia implementados por la Administración de Donald Trump desde su retorno al Ejecutivo en enero de 2025. El volumen de demandas presentadas este lunes duplica los promedios anuales de juicios de desnaturalización registrados en el periodo fiscal anterior, lo que sugiere un cambio en las prioridades de fiscalización de la División Civil del Departamento de Justicia.

Los sistemas de almacenamiento de datos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) continúan bajo un proceso de auditoría forense para identificar expedientes históricos aprobados que presenten inconsistencias biométricas o antecedentes penales no registrados. Las autoridades proyectan que este bloque de 17 demandas iniciales constituye la primera fase de un despliegue judicial más amplio que involucrará a cortes federales ubicadas en estados con alta densidad de población migrante.