Por Bruno Cortés El homicidio baja, pero no explica toda la violencia Extorsión, desapariciones y control territorial: los otros indicadores La percepción ciudadana sigue lejos del discurso oficial Qué datos faltan para medir la seguridad real El gobierno federal sostiene que los homicidios dolosos bajaron de forma significativa durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, pero la violencia que enfrenta la población no se agota en ese indicador: desapariciones, extorsión, cobro de piso, amenazas, desplazamiento y control criminal del territorio siguen marcando la vida diaria en distintas regiones del país. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que de septiembre de 2024 a mayo de 2026 el promedio diario nacional de homicidios dolosos registró una disminución preliminar de 49%, una caída que el gobierno presenta como señal de que la estrategia de seguridad está funcionando. La cifra es políticamente relevante porque el homicidio doloso ha sido durante años el principal termómetro de la crisis de seguridad. Sin embargo, especialistas y organizaciones han advertido que medir la violencia sólo por asesinatos puede dejar fuera delitos que modifican la vida cotidiana sin necesariamente aparecer en el conteo de muertes. La propia estadística oficial debe leerse con matices. El informe diario de homicidios es preliminar y está sujeto a la determinación jurídica de fiscalías estatales; la estadística oficial consolidada corresponde al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que publica bases de incidencia delictiva con corte por delito, entidad y periodo. El contraste aparece en la percepción ciudadana. En marzo de 2026, 61.5% de la población adulta en 91 áreas urbanas consideró inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi. La percepción fue más alta entre mujeres, con 67.2%, frente a 54.6% entre hombres. La pregunta de fondo no es sólo si hay menos homicidios, sino qué tipo de violencia está ocupando el espacio que antes dominaba la conversación pública. La extorsión, por ejemplo, se ha convertido en un delito central para comerciantes, transportistas, productores, mercados y pequeñas empresas, porque puede operar de manera sistemática sin dejar cuerpos, pero sí cerrar negocios, encarecer productos y desplazar familias. El problema ya llegó al sistema financiero. La Unidad de Inteligencia Financiera emitió una guía para que bancos detecten operaciones relacionadas con extorsión, especialmente las originadas desde cárceles. Según esa información, la extorsión aumentó 61.2% en la última década y el gobierno impulsó medidas para investigar este delito sin necesidad de denuncia previa. Otro foco está en las desapariciones. México mantiene una crisis persistente con más de 130 mil personas desaparecidas o no localizadas, según reportes recientes sobre el registro oficial, además de una crisis forense con decenas de miles de restos sin identificar. México Evalúa también ha cuestionado que el homicidio doloso sea suficiente para medir la violencia. Su análisis sobre violencia letal advierte que, aunque hay reducciones recientes, entre 2015 y 2025 la violencia letal acumulada aumentó 68.2%, las desapariciones 212.9% y otros delitos contra la vida 368%, lo que sugiere que el problema no se explica con un solo indicador. La tensión política se agrava porque los estados con crisis visibles no siempre coinciden con la narrativa nacional de mejoría. Sinaloa concentra presencia militar por el conflicto entre grupos criminales, mientras Chihuahua aparece en la conversación pública por señalamientos de seguridad, crimen organizado y disputas políticas recientes. El Índice de Paz México 2026 también muestra una lectura mixta: el país registró en 2025 una mejora anual relevante por la caída de homicidios, pero diez estados tuvieron deterioros, principalmente asociados a la fragmentación de estructuras criminales. Además, el informe señala que extorsión y narcomenudeo representaron más de 90% de los crímenes vinculados a delincuencia organizada en 2025. La violencia político-criminal agrega otra capa al diagnóstico. Data Cívica documenta este fenómeno como una herramienta del crimen organizado para influir en la vida pública, lo que permite observar ataques, amenazas, asesinatos, secuestros y desapariciones contra actores políticos o gubernamentales más allá del conteo tradicional de homicidios. La reducción de homicidios, si se confirma en las cifras consolidadas, sería un dato relevante. Pero no basta para afirmar que la violencia real disminuyó en la misma proporción. La seguridad pública también se mide en la posibilidad de abrir un negocio sin pagar piso, viajar por carretera sin amenazas, buscar a una persona desaparecida con apoyo institucional y vivir sin que un grupo criminal decida quién trabaja, vende o gobierna en una comunidad. La estrategia federal enfrenta así una prueba más compleja que bajar una gráfica. El reto es demostrar que la caída de homicidios corresponde a una reducción integral de la violencia y no sólo a un cambio en sus formas, sus registros o sus territorios. Comparte esto: Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Me gusta esto:Me gusta Cargando... Navegación de entradas FGR confronta a gobierno de Chihuahua por operativo oculto de la CIA Qué exige la CNTE y por qué el conflicto no se resuelve
