Inversión extranjera y seguridad nacional: qué cambia la reforma

Por Bruno Cortés

La Cámara de Diputados dio este martes 27 de octubre de 2026 el primer paso formal para votar en el Pleno una reforma que cambiaría la forma en que México revisa la llegada de capital extranjero. La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad aprobó en sus términos la minuta del Senado que reforma la Ley de Inversión Extranjera (LIE) y, en la sesión de ese mismo día, la Mesa Directiva emitió la declaratoria de publicidad del dictamen, requisito previo para discutirlo en el salón de sesiones.

El cambio de fondo es que, por primera vez, la ley tendría un procedimiento detallado de escrutinio por razones de seguridad nacional para ciertas compras de empresas mexicanas por parte de inversionistas extranjeros. Hoy la ley solo dice, en una línea, que la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) puede impedir adquisiciones por esas razones. A continuación se explica qué cambiaría, a quién le aplicaría, quién decidiría y cuáles son los argumentos a favor y en contra.

De una línea a un capítulo completo

El texto vigente de la LIE, cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de mayo de 2024, contiene en su artículo 30 una sola frase: “Por razones de seguridad nacional, la Comisión podrá impedir las adquisiciones por parte de la inversión extranjera”. No define qué operaciones se revisan, con qué criterios, en qué plazos ni con qué consecuencias.

La minuta deroga ese artículo y lo sustituye por un nuevo Título Sexto Bis, “De la seguridad nacional en las inversiones extranjeras”, con los artículos 30 Bis a 30 Sexties. Además modifica los artículos 23 (integración de la CNIE), 27 (informes al Congreso), 28 (plazos), 29 (criterios de evaluación) y 38 (sanciones). La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo federal el 30 de agosto de 2026 y aprobada por el Senado el 30 de septiembre.

Qué operaciones tendrían que pedir permiso

De acuerdo con el nuevo artículo 30 Bis del dictamen, se requeriría resolución favorable de la CNIE cuando se cumplan tres condiciones al mismo tiempo:

• Que la inversión extranjera vaya a participar, directa o indirectamente, en más del 49% del capital social de una sociedad mexicana.
• Que el valor total de los activos de esa sociedad rebase un monto que fijará la propia CNIE mediante resolución general.
• Que la empresa tenga como actividad económica alguno de los sectores sensibles que enumera la ley.

Si la empresa no supera el umbral de activos pero la participación extranjera sí rebasaría el 49%, presentar la solicitud sería voluntario. El monto del umbral no está en la ley: un artículo transitorio da a la CNIE un plazo de hasta 180 días naturales, a partir de la publicación del decreto, para emitirlo en el DOF. Ese número será clave para saber cuántas operaciones quedarán realmente sujetas al nuevo filtro.

Los sectores sensibles

El artículo 30 Bis agrupa las actividades en cinco fracciones:

• Infraestructuras estratégicas físicas o virtuales: energía, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, tratamiento o almacenamiento de datos, sistemas digitales, aeroespacial, defensa e instalaciones sensibles, así como terrenos e inmuebles indispensables para su uso.
• Tecnologías críticas y productos de doble uso: inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías aeroespaciales y de defensa, almacenamiento de energía, cuántica, nuclear, nanotecnologías y biotecnologías.
• Insumos fundamentales: en particular energía o materias primas, así como seguridad alimentaria.
• Información sensible: en particular datos personales, o la capacidad de controlar esa información.
• Cláusula abierta: las demás actividades análogas o de naturaleza similar que determine la CNIE mediante resolución general.

La última fracción es una de las más discutidas, porque permitiría ampliar la lista por decisión administrativa, sin pasar de nuevo por el Congreso. El tema de los datos personales conecta con otras discusiones recientes sobre la protección de información en plataformas digitales.

Quién decidiría: la nueva integración de la CNIE

Hoy la CNIE la integran los titulares de diez secretarías: Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda, Bienestar, Medio Ambiente, Energía, Economía, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Trabajo y Turismo. La reforma al artículo 23 agrega con voz y voto a las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Los suplentes deberán tener al menos nivel de subsecretaría.

Cuando se traten asuntos de seguridad nacional, serán invitados permanentes, con voz pero sin voto, los titulares de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera. Además, según el nuevo artículo 30 Sexties, en esas sesiones los integrantes no podrán abstenerse: deberán votar a favor o en contra, y los acuerdos se tomarán por mayoría.

Cómo sería el procedimiento

Las resoluciones que aprueben o condicionen una operación podrán incluir términos específicos, como reportes periódicos y la evaluación del cumplimiento del orden jurídico nacional. Al artículo 29 se agrega, como criterio de evaluación, “la existencia de riesgos o amenazas a la seguridad nacional”.

Multas y desinversión

La reforma al artículo 38 endurece las sanciones vinculadas con el nuevo régimen. Si la sociedad mexicana transfiere acciones al inversionista extranjero pese a una negativa o sin autorización previa, o si se incumplen las medidas de mitigación, la multa iría de 5 mil a 200 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con la UMA de 2026, de 117.31 pesos, eso equivale aproximadamente a entre 587 mil y 23.5 millones de pesos.

Además, la CNIE podría ordenar la desinversión: el inversionista tendría 90 días hábiles, prorrogables por un periodo igual, para deshacerse de los activos adquiridos. Los asuntos que ya estén en trámite antes de la entrada en vigor seguirían las reglas vigentes al momento de presentarse.

Argumentos a favor y en contra

En el Senado, la minuta se aprobó el 30 de septiembre con 65 votos a favor, de Morena, PT y PVEM, y 30 en contra, de PAN, PRI y MC. El presidente de la Comisión de Economía del Senado, Emmanuel Reyes Carmona, sostuvo que incluir a Defensa, Marina y Seguridad “no constituye ninguna militarización” y que se trata de una integración acotada a un órgano de naturaleza civil y económica. La comisión dictaminadora de San Lázaro, por su parte, afirmó que la reforma busca proteger intereses estratégicos “procurando al mismo tiempo preservar condiciones de certeza jurídica”.

Desde la oposición, la senadora Claudia Anaya (PRI) dijo estar de acuerdo con que las Fuerzas Armadas participen, pero pidió regular explícitamente su papel y cuestionó la inclusión de la Agencia de Transformación Digital. El senador Francisco Daniel Barreda (MC) propuso, en cambio, un comité especializado que se active solo cuando una operación presente riesgos concretos, con el argumento de que no es lo mismo revisar una inversión desde una perspectiva económica que analizar una amenaza a la seguridad.

Especialistas en derecho corporativo han señalado otros puntos pendientes: la ley no define con precisión qué se entiende por riesgo a la seguridad nacional, el umbral de activos aún no existe y no hay reglas claras para adquisiciones indirectas o reorganizaciones dentro de un mismo grupo. Mecanismos similares existen en otras economías, como Estados Unidos, la Unión Europea o Canadá, y en el caso mexicano la discusión ocurre en medio de la revisión del T-MEC y de la incertidumbre que pesa sobre nuevas inversiones.

Qué sigue

Con la declaratoria de publicidad emitida el 27 de octubre, el dictamen puede subir al Pleno de la Cámara de Diputados. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, había anticipado el 23 de octubre que la Cámara buscaría aprobarlo esta semana. Como la Comisión lo aprobó sin cambios, si el Pleno hace lo mismo la minuta pasaría directamente al Ejecutivo para su publicación en el DOF y entraría en vigor al día siguiente. Si se modificara, tendría que regresar al Senado.

Después vendrían dos piezas decisivas: la resolución de la CNIE con el umbral de activos, en un plazo máximo de 180 días, y los ajustes al reglamento. Del diseño de esas reglas dependerá el equilibrio entre el control estatal y la atracción de capital, un tema central en la estrategia económica que el gobierno presume con anuncios de nuevas inversiones.

Preguntas frecuentes

¿La reforma prohíbe la inversión extranjera en México?

No. El dictamen crea un procedimiento de revisión para un tipo específico de operación: compras de más del 49% de empresas mexicanas de cierto tamaño en sectores sensibles. Las demás inversiones seguirían las reglas generales vigentes.

¿Cuál es el umbral de activos que activa la revisión?

Aún no existe. La CNIE deberá fijarlo mediante resolución general publicada en el DOF dentro de los 180 días naturales siguientes a la publicación del decreto.

¿Qué pasa si la CNIE no responde en 45 días hábiles?

En los trámites ordinarios de la LIE, el silencio equivale a aprobación. El dictamen establece que esa regla no se aplicará en los asuntos de seguridad nacional, que se rigen por el nuevo Título Sexto Bis.

¿El Ejército decidirá sobre las inversiones?

Defensa, Marina y Seguridad Ciudadana se sumarían con voz y voto a una comisión que seguiría teniendo mayoría de secretarías civiles. FGR, CNI, SAT y UIF participarían solo con voz en asuntos de seguridad nacional.

¿Afecta a empresas que ya tienen socios extranjeros?

El régimen se activa con una nueva adquisición que lleve la participación extranjera por encima del 49%. Los trámites presentados antes de la entrada en vigor seguirán las reglas vigentes al momento de su presentación.