Paro en el Poder Judicial: qué evalúa el OAJ y qué está en juego

Por Bruno Cortés

Desde el 6 de noviembre de 2026, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron un paro indefinido con cierres en al menos 16 estados y más de 20 sedes, según Infobae, La Jornada y la cobertura propia del sitio. El detonante es el Acuerdo del Órgano de Administración Judicial (OAJ) que regula la Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial 2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de noviembre.

Esta guía explica qué evalúa el OAJ, qué dice el propio órgano sobre consecuencias laborales, qué temen los trabajadores y cómo se inserta el conflicto en el rediseño institucional posterior a la reforma judicial. El tono es equilibrado: se contrastan el comunicado del OAJ y los argumentos de las organizaciones de trabajadores, sin prejuzgar el desenlace.

Qué es el OAJ y por qué evalúa

El Órgano de Administración Judicial es la instancia encargada de la administración y la carrera judicial del PJF tras la reforma. Según el comunicado 104/2026 del OAJ (6 de noviembre), la evaluación del desempeño es una atribución prevista en el artículo 100 constitucional y en los artículos 32 y 36 de la Ley de Carrera Judicial.

El acuerdo publicado en el DOF el 5 de noviembre fija métodos, criterios y un calendario. La primera ronda de 2026 se presenta como ejercicio diagnóstico: identificar conocimientos, habilidades y áreas de oportunidad para diseñar capacitación, no como un examen de permanencia inmediata, según los transitorios Cuarto y Quinto del propio acuerdo (síntesis en La Jornada y en el comunicado del OAJ).

Qué mide la evaluación (según la cobertura)

Reportes de Infobae y Diario.mx (5-6 de noviembre de 2026) coinciden en que el examen de conocimientos pesa alrededor del 40% de la calificación. El resto combina valoración del titular del órgano, pares, reportes institucionales, productividad y conducta profesional. El personal de carrera aludido —secretarios, actuarios y oficiales— ronda los 32 mil trabajadores en más de 900 juzgados y tribunales federales.

El calendario difundido fija temario hacia el 17-18 de noviembre y exámenes en diciembre de 2026 (secretarios el 4; actuarios el 8; oficiales el 14 y 15, según tablas del acuerdo y coberturas). El análisis de resultados se proyecta entre enero y marzo de 2027.

Qué dice el OAJ y qué temen los trabajadores

El OAJ afirmó el 6 de noviembre que «es falso» que los exámenes de diciembre provoquen despidos o pérdida de plazas: la evaluación 2026 será exclusivamente diagnóstica, sin aprobación/reprobación ni consecuencias individuales sobre permanencia o separación. La primera evaluación ordinaria con efectos legales, agregó, vendría después de acciones de capacitación.

Los trabajadores, en cambio, sostienen que el esquema puede traducirse en baja o reubicación, y cuestionan que el 60% no dependa del examen objetivo sino de valoraciones de titulares —muchos de ellos llegados por voto popular tras la elección judicial y el rediseño hacia 2028. Infobae documentó ese argumento y el llamado de sindicatos a no inscribirse. El desacuerdo de fondo es de confianza: si el diagnóstico es inocuo o si anticipa un régimen ordinario con umbrales de permanencia.

Dónde se manifiesta el paro

Según Infobae (6 de noviembre), Morelos arrancó desde el jueves en Cuernavaca y Xochitepec; en la Ciudad de México el cierre abarca San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma. Estados con paro reportado incluyen Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, además de la capital. Es la segunda interrupción fuerte del servicio judicial federal desde 2024, según esa misma cobertura.

El conflicto se lee también como tensión entre administración judicial y carrera laboral dentro del nuevo andamiaje institucional. Temas conexos de control político-legal —como el desafuero y la declaración de procedencia o la revocación de mandato 2028— ilustran que las reglas de permanencia y responsabilidad de servidores públicos están en el centro de la agenda 2026-2028, aunque cada figura tiene su propio procedimiento.

Qué está en juego para el justiciable

• Suspensión o retraso de audiencias, notificaciones y plazos en sedes cerradas.
• Presión sobre la confianza pública en la carrera judicial tras la reforma.
• El equilibrio entre profesionalización (evaluación) y estabilidad laboral del personal de carrera.
• El calendario de diciembre 2026 / 2027: si el diagnóstico se mantiene sin efectos individuales o si se acelera la vía ordinaria.

Mientras no haya levantamiento del paro ni nuevos acuerdos publicados, la información verificable al 6 de noviembre de 2026 es: acuerdo DOF del 5-nov, paro en curso en múltiples entidades, posición diagnóstica del OAJ y rechazo de trabajadores por temor a consecuencias laborales.

Cómo leer el acuerdo del DOF sin alarmismo ni negacionismo

El acuerdo del 5 de noviembre de 2026 tiene dos capas que conviene no mezclar. Una es el régimen ordinario de evaluación de la carrera judicial (escalas, constancias de permanencia, examen extraordinario, recurso de revisión), descrito en la parte sustantiva del documento y retomado por la prensa. Otra es el régimen transitorio de 2026: diagnóstico sin efectos individuales de permanencia o separación, según los transitorios Cuarto y Quinto y el comunicado 104/2026 del OAJ.

Los trabajadores temen que la segunda capa sea solo un prólogo de la primera. El OAJ responde que primero habrá capacitación y que la evaluación ordinaria vendrá después. Un lector cuidadoso puede aceptar ambos hechos a la vez: el diagnóstico está anunciado como inocuo en 2026, y el diseño ordinario sí contempla umbrales con consecuencias cuando se active. La disputa política es, en buena medida, sobre el calendario y las garantías de transición.

En términos de servicio público, el paro indefinido en sedes federales tiene un costo inmediato para justiciables y abogados: audiencias, notificaciones y términos procesales pueden suspenderse o retrasarse en los órganos cerrados. Ese costo no decide por sí solo quién tiene razón jurídica, pero sí explica por qué el conflicto trasciende a la opinión pública más allá del gremio judicial.

Preguntas frecuentes

¿La evaluación de diciembre 2026 puede, según el OAJ, causar despidos?

El OAJ dice que no: la primera ronda es diagnóstica y sin consecuencias individuales sobre permanencia. Los trabajadores disputan esa lectura.

¿Quiénes se evalúan?

Personal de carrera judicial: secretarios, actuarios y oficiales, del orden de 32 mil personas en más de 900 órganos, según la prensa del 5-6 de noviembre.

¿Cuánto pesa el examen de conocimientos?

Alrededor del 40%; el resto combina valoración del titular, pares, reportes y productividad, según Infobae/Diario.mx.

¿El Senado interviene en este paro?

No es un trámite legislativo ordinario: es un conflicto laboral-administrativo dentro del PJF, anclado a un acuerdo del OAJ publicado en el DOF.

¿Qué relación tiene con la elección judicial 2028?

La evaluación forma parte del rediseño de la carrera judicial posterior a la reforma; la elección popular de juzgadores es el otro pilar del mismo ciclo institucional.