Maru Campos exige extradición de Rocha Moya ante crisis del T-MEC

Por Juan Pablo Ojeda

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, exigió este sábado la entrega inmediata a la justicia internacional del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras las solicitudes de captura y extradición emitidas por el gobierno de los Estados Unidos. Mediante un mensaje audiovisual difundido en sus canales oficiales, la mandataria panista sostuvo que la permanencia de funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico somete a México a una crisis de confianza que compromete de forma directa los indicadores de intercambio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El pronunciamiento ocurre en un escenario de tensión fronteriza derivado de un operativo antinarcóticos ejecutado en territorio chihuahuense, el cual dejó un saldo de cuatro personas fallecidas. Las indagatorias preliminares confirmaron que entre las víctimas mortales se encontraban dos agentes estadounidenses adscritos a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), cuya presencia y funciones de campo no contaban con el registro ni la autorización obligatoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni de los mandos militares federales de la región.

Ante el despliegue de personal extranjero en la entidad que administra, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una carpeta de investigación formal en contra de la estructura del gobierno de Chihuahua. El ministerio público de la federación indaga el grado de omisión o anuencia de las corporaciones policiacas locales en el ingreso de los oficiales norteamericanos, un hecho que el bloque oficialista ha catalogado como una transgresión directa a la Ley de Seguridad Nacional y a los convenios de reciprocidad vigentes.

Campos Galván intentó desmarcarse de las imputaciones federales manifestando su rechazo categórico a cualquier modalidad de intervención militar unilateral por parte de Washington en suelo mexicano. La funcionaria argumentó que su postura de protección a la soberanía del territorio nacional no admite matices jurídicos, pero acotó que la defensa del Estado no debe sustentarse en discursos ideológicos, sino en el cumplimiento irrestricto de las órdenes de aprehensión internacionales y el desmantelamiento de los nexos políticos con el crimen organizado.

Por su parte, el gobierno federal mexicano ha tomado con reserva los requerimientos judiciales provenientes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya y otros integrantes del gabinete estatal sinaloense. La FGR notificó que los expedientes técnicos enviados por las agencias norteamericanas carecen de los elementos de prueba necesarios para cumplimentar una orden de detención provisional con fines de extradición urgente, solicitando la ampliación de los informes de inteligencia criminal.

La gobernadora chihuahuense, quien en el año 2021 enfrentó un proceso judicial y fue vinculada a proceso por el presunto delito de cohecho relacionado con la llamada «nómina secreta» del exmandatario César Duarte Jáquez, acusó al Poder Ejecutivo federal de incurrir en una protección sistemática de funcionarios públicos bajo sospecha. Según su perspectiva, la eventual pérdida del mercado comercial norteamericano o una incursión armada extranjera sería responsabilidad exclusiva de la política de contención jurídica ejercida por el oficialismo.

El debate político en la frontera norte se intensifica mientras los flujos de exportación industrial de Chihuahua dependen directamente de la estabilidad regulatoria del T-MEC, el cual prohíbe cláusulas que afecten la seguridad de las cadenas de suministro por factores de gobernabilidad interna. Los comités legislativos de Morena argumentan que el pronunciamiento de la mandataria constituye un recurso de distracción mediática para evadir la responsabilidad legal de su administración en la facilitación de operaciones encubiertas de agencias de inteligencia extranjeras en la entidad.