Morena y PRI chocan por acusaciones de narcopolítica tras ataque en Matamoros

Por Juan Pablo Ojeda

Los dirigentes nacionales del partido Morena, Ariadna Montiel, y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, sostuvieron un debate público a través de plataformas digitales donde se imputaron mutuamente la protección y el desarrollo de estructuras dedicadas a la narcopolítica. El intercambio de declaraciones ocurre inmediatamente después del ataque armado registrado contra agentes del Servicio de Protección Federal que custodiaban el consulado de los Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas, un hecho que detonó las críticas sobre el control territorial de las organizaciones criminales.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que la agresión armada en la zona fronteriza demuestra que la estrategia de seguridad pública del gobierno federal se encuentra rebasada por los índices delictivos. El dirigente priista calificó la gestión oficial como ineficaz frente al avance logístico de los cárteles de la droga y exigió formalmente someter a procesos judiciales a aquellos funcionarios públicos de la actual administración que mantengan vínculos de comunicación o de operación con la delincuencia organizada.

Por su parte, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechazó los señalamientos y atribuyó la responsabilidad histórica de la infiltración del narcotráfico en las instituciones estatales a las administraciones anteriores encabezadas por el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN). Montiel basó su argumentación en la gestión del expresidente Felipe Calderón y de su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue procesado y sentenciado por cargos de narcotráfico y nexos con el crimen organizado en tribunales de los Estados Unidos.

La presidenta del partido oficialista acusó a los bloques de oposición de mantener una postura entreguista frente a las presiones de Washington y de promover la vulneración de la soberanía nacional a cambio de obtener dividendos políticos. Montiel argumentó que las exigencias de intervención extranjera formuladas por las cúpulas del PRI y del PAN responden al desplazamiento político que sufrieron ambas organizaciones en los últimos procesos electorales federales, lo que interrumpió su acceso a las partidas del presupuesto público.

En su réplica, Alejandro Moreno enfatizó que el partido gobernante acumula casi ocho años en el Poder Ejecutivo Federal, un periodo que invalida la justificación sistemática de atribuir los saldos de la violencia actual a las gestiones del pasado. El representante de la oposición sostuvo que el incremento en los homicidios y las agresiones a sedes diplomáticas evidencian que la actual administración volvió estructural la impunidad y la complacencia ante las actividades ilícitas de las células del narcotráfico.

El líder del PRI acusó formalmente al oficialismo de emplear las embajadas y el servicio exterior como refugios diplomáticos para proteger a cuadros políticos y gobernantes que han sido señalados judicialmente por su presunta colusión con las organizaciones de la droga. Según Moreno, estas acciones configuran una red de encubrimiento institucional que prioriza la disciplina de partido sobre la aplicación estricta de la ley, dejando desprotegidas a las corporaciones de seguridad en los estados.

Las tensiones discursivas entre ambos partidos se inscriben en un escenario de fricción diplomática con Estados Unidos, agudizado por los reportes que confirman la presencia operativa de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el estado de Chihuahua. Este hecho coincide con los pliegos de acusaciones emitidos por el Departamento de Justicia estadounidense contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve servidores públicos mexicanos adscritos a la misma entidad federativa.